Capítulo segundo

SOLICITANTES DE ASILO EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL TÍTULO 42 EN ESTADOS UNIDOS PARA EXCLUIR MIGRANTES INDESEADOS

Veronica Øverlid*

Sumario: I. Introducción. II. Marco teórico. III. Reseña del Título 42. IV. Uso de políticas de salud pública para control migratorio en Estados Unidos. V. Extensión del Título 42 para más nacionalidades, acontecimientos y argumentos. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. Introducción

En marzo de 2020, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una normativa, el llamado Título 42, la cual permitió, como medida de salud pública, cerrar las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México a casi todos los migrantes y solicitantes de asilo, justificándose esta medida en la necesidad de reducir el esparcimiento del COVID-19 en instalaciones de procesamiento fronterizo.1 Tres años después, en marzo de 2023, esta normativa sigue vigente y ha sido el fundamento para que las administraciones de Trump y Biden expulsen a más de 2.6 millones de migrantes, muchos de ellos con necesidades de protección internacional.2

Expertos de salud pública, académicos y organizaciones de la sociedad civil han criticado esta política porque no tiene ninguna base en cuestiones de salud pública. Argumentan que, para asegurar que el COVID-19 no se esparza entre los migrantes y entre la sociedad estadounidense, hay varias herramientas y soluciones que se pueden implementar sin comprometer el derecho de solicitar asilo. El Título 42 se ha usado como una política de migración y una herramienta para excluir a migrantes indeseados, más que como una política de salud pública. Biden, quién en sus promesas de campaña prometió desmantelar el uso de esta normativa, no solamente ha sido incapaz de eso a causa de continuas demandas judiciales, sino que ha extendido el Título 42 en octubre de 2022 y enero de 2023 para expulsar a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. De hecho, en estos casos, la administración estadounidense ya ni siquiera ha establecido como fundamento para esta acción ningún tema de salud pública.

En el contexto actual, la pandemia se está desvaneciendo y, como se ha mencionado, han surgido varias críticas por parte de expertos y organizaciones de la sociedad civil, las cuales sostienen que no hay razón fundada por la cual se deba continuar con el Título 42, ya que existen muchas otras maneras de prevenir la dispersión del virus mientras se protegen los derechos de los refugiados y migrantes. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración de Biden al extender el Título 42?, ¿qué nos dicen estos últimos acontecimientos sobre cómo aborda su administración, además de Estados Unidos en general, el tema de la migración y los refugiados? Se intentará responder a tales preguntas a través de un análisis de informes, comunicados de prensa y cartas por parte de expertos de salud pública y defensores de derechos humanos; todo en el contexto histórico de la gestión de la migración irregular por parte del país estadounidense, inclusive la externalización de sus fronteras.

En este capítulo se presenta primero una reseña del marco teórico que se empleará para analizar el uso del Título 42; asimismo, se realiza un resumen de la política de esta normativa, donde se incluye un cronograma de cómo las autoridades estadounidenses fueron desarrollando esta política al avanzar la pandemia. Se presenta una imagen de los resultados de tal política, al igual que de los argumentos por parte de sus autoridades, además de las diversas críticas por parte de expertos de salud pública, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Luego, se expone cómo se ha utilizado esta norma como una herramienta de control migratorio, considerando que ya se estaban desarrollando varias leyes y políticas para frenar la migración hacia Estados Unidos durante las últimas décadas de manera racializada, esto combinado con los esfuerzos del expresidente Trump para cerrar la frontera. Por tanto, la pandemia se presentó como una oportunidad para implementar este cierre de manera casi absoluta.

Finalmente, se consideran los últimos acontecimientos donde la administración de Biden ha expandido el uso del Título 42 para expulsar a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, algo que antes era más difícil. Se
proporciona una reseña de la nueva forma en que se emplea la ley, la cual se conjunta con un acuerdo con México. Finalmente, se reflexiona sobre la manera en qué Estados Unidos gestiona la migración irregular y el papel del derecho internacional en este aspecto. Se sostiene que el uso del Título 42 en el contexto de la pandemia es un pretexto para excluir a migrantes no deseados de manera racializada y de clase. La aplicación de dicho título para más grupos sobresalta de manera especial, ya que no menciona ningún enlace con salud pública y, de hecho, es la primera vez que se aplica la política sin referencia a la pandemia. Entonces, el Título 42, presentado como una cuestión estrictamente relacionada con la salud, funciona como otro instrumento para obstruir el paso a migrantes no deseados, mientras se deja la puerta abierta a otros.

II. Marco teórico

El Título 42 limita drásticamente la posibilidad de acceder al asilo con base en acuerdos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su protocolo, además de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. Simultáneamente, el derecho de los refugiados atiende más a los intereses de Estados poderosos, algo que tiene que ver con sus orígenes coloniales y eurocéntricos, además del orden global desigual.3 Asimismo, el derecho internacional de los refugiados se desarrolló para ayudar a los Estados a manejar movimientos de migrantes forzados, aunque a la vez protege a los refugiados contra la persecución y la devolución.4 Tanto el derecho de los refugiados como otros marcos jurídicos de migración sostienen una jerarquía basada en clase y raza, clasificando quién puede cruzar fronteras de manera diferenciada.5 Es más, el mismo derecho internacional crea la migración irregular, tanto a través de leyes migratorias que crean la categoría de migrante irregular, así como marcos jurídicos que promocionan la expulsión de personas de su comunidad o país, por ejemplo: intervención militar, acuerdos económicos o proyectos mineros, hidroeléctricos o de turismo.6 Es en este contexto que Estados Unidos ha implementado un sistema migratorio y fronterizo militarizado de exclusión.

Aunque Trump había entablado una guerra contra el asilo, ya se habían llevado a cabo otras políticas hace varias décadas con la meta de frenar la migración indeseada. A la llegada de la pandemia, la administración de Trump ya había entablado una guerra abierta al asilo a través la imposición de varios obstáculos en el proceso de solicitantes de asilo “hasta el punto de hacerlo casi inaccesible”.7 Impuso, entre otras políticas, la de metering, por la frontera con México; los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en ingles) que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se completan sus trámites, y los acuerdos del tercer país seguro.8 No obstante, los intentos de poner obstáculos para la migración irregular y para los solicitantes de asilo ya se habían puesto en marcha por lo menos durante los últimos 30 años. Por su posición geográfica, México ha colaborado con Estados Unidos para contener a la migración centroamericana, algo que, según Ortega Velázquez, “le ha servido como moneda de cambio para favorecer sus intereses comerciales a costa de las vidas y los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo procedentes de esta región”.9

Dicho en otras palabras, México se ha convertido en un Estado tapón, donde frena a los migrantes antes de que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, y éste lo presiona a contener y a deportar a los que están en camino hacia el norte, lo cual ha empujado a México a militarizar su propia frontera sur.10 Esta “externalización” de fronteras no solamente se observa en las regiones de Centroamérica y Norteamérica, sino en varias regiones del mundo, donde países ricos han implementado medidas restrictivas, entre ellas, políticas que obligan a solicitantes a dirigirse a otro lugar para protección o que impiden la llegada físicamente en su territorio desde el principio.11 Un ejemplo de la externalización de las fronteras sería el Plan Frontera Sur junto a la Iniciativa Mérida, que, por lo menos de manera implícita, incentivó a México a impedirles a los migrantes y solicitantes de asilo a que entraran a su territorio, para así detenerlos y deportarlos a sus países de origen, además de prevenir su movilización hacia Estados Unidos.12 Por tanto, como lo explica Ortega Velázquez, “[e]l régimen de frontera tiene como fin la administración de personas migrantes y refugiadas a través de su filtrado, selección, ingreso, permanencia, redirección y, finalmente, desechamiento en caso de no ser funcionales para un Estado determinado. La deportación es un mecanismo fundamental en este régimen”.13

III. Reseña del Título 42

1. Cronología de su implementación

En marzo de 2020, después de unos días del primer caso del coronavirus detectado en Estados Unidos, la Casa Blanca ordenó cerrar las fronteras terrestres para todo viaje no esencial, además de implementar otras restricciones a los viajes internos y poner una pausa al procesamiento de los permisos de residencia (green card) en oficinas consulares estadounidenses. Así que cerró “las puertas para casi todos los migrantes, incluyendo a niños y adolescentes que llegaron a la frontera sin un padre u otro guardián adulto”.14 Además, el gobierno de Trump promulgó el 20 de marzo de 2020 la “orden, suspendiendo la introducción de ciertas personas de países donde existe una enfermedad contagiosa”, bajo las secciones 362 y 365 dentro del Título 42 del Código de Estados Unidos.15 Esta regulación permitió que el Cirujano General de Estados Unidos, a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), prohibiera la entrada de personas que puedan propagar enfermedades a este país, y de quienes plantearán “un peligro grave de introducción de dicha enfermedad en los Estados Unidos”,16 ya que eso era “necesario en interés de la salud pública”.17

El uso del Título ٤٢ era diferente a la exclusión general que impusieron al viaje no esencial, ya que el primero no aplica a ciudadanos, residentes y otros viajeros con documentos, sino solamente se dirige a personas sin papeles de viaje, principalmente solicitantes de asilo. Entonces, “[e]l Título 42 aplica a personas [sin] documentos de viaje adecuados y que de otro modo harían contacto con un puerto de entrada o una estación de la Patrulla Fronteriza por o cerca de la frontera de los Estados Unidos con Canadá y México”.18 Esta ley no aplica a ciudadanos estadounidenses, o residentes permanentes, a sus cónyuges e hijos o hijas, miembros del ejército estadounidense y personas asociadas, e individuos de otros programas de visas.19 Aproximadamente un mes después de la primera orden, los CDC lo extendieron otra vez, y en mayo del mismo año éstos lo extendieron de manera indefinida.20

Esta situación no cambió con la administración de Biden, sólo en algunas excepciones. En enero de 2021, Joe Biden asumió las riendas del país, durante su campaña electoral él había dicho que se comprometería a revisar la política de migración, además de “reafirmar el compromiso de los Estados Unidos hacia los solicitantes de asilo y refugiados”.21 De hecho, reversó varias políticas de Trump acerca de la migración, por ejemplo, el veto migratorio a varios países de mayoría musulmana (el llamado Muslim ban); paró la construcción del muro y se lanzó a esfuerzos más fundamentales para revisar la aproximación estadounidense hacia la migración.22 No obstante, a partir de eximir niños no acompañados de la expulsión, no ha revocado el Título 42.23 De hecho, en enero de 2022, un año después de asumir el puesto presidencial, la administración de Biden había extendido esta política nueve veces, aunque ya Estados Unidos había levantado la prohibición de entrada de turistas vacunados de varios países.24 Es más, en febrero de 2022, citando preocupación sobre la variante Ómicron, los CDC extendieron la orden aún más; sin embargo, cuando las tasas del COVID-19 ya estaban bajando unas semanas después, y por ende los mandatos de cubrebocas se relajaron, no se hizo ningún cambio acerca del Título 42 acerca de la migración.25

La política ha sido sujeta a varios procesos judiciales: el 4 de marzo de 2022, una corte de apelación federal le comentó a la administración de Biden que podía continuar la expulsión de familias bajo el Título 42, pero no a países donde pueden ser perseguidos.26 A pesar de poder seguir con esta política, los jueces cuestionaron si realmente era necesario continuar con tales expulsiones, mencionando que la orden de los CDC “parece en ciertos aspectos como una antigüedad de una era sin vacunas, de pocos exámenes, pocas terapias y poca certidumbre”.27 A pesar de que los logros eran parciales, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) consideraron que el juicio era una gran victoria y que podría señalar el fin del Título 42.28 No obstante, ese mismo día, otro juez federal del distrito norte de Texas emitió un juicio ordenando al gobierno de Biden de desistir de eximir del Título 42 a niños migrantes que llegaran a la frontera sin sus padres o guardianes.29

A pesar de los diferentes juicios y demandas, en abril de 2022, la administración de Biden anunció planes de terminar las expulsiones bajo el Título 42, explicando que, en comparación con el inicio de la pandemia, ya se entendía el virus mejor y, además, la disponibilidad de vacunas, tratamiento y cubrebocas había incrementado de manera extendida.30 Sin embargo, después de una demanda de gobiernos estatales antimigrantes, las expulsiones continuaban. El 23 de mayo, cuando se había esperado que el Título 42 terminara, una orden judicial lo mantuvo en vigor, debido a una apelación de los funcionarios estatales republicanos, tras la cual han surgido otros obstáculos legales y demandas.31 Primero, un juez bloqueó las expulsiones en noviembre del año anterior, y dio cinco semanas a la administración de Biden para desmantelar el uso del título. No obstante, debido a que las demandas siguen, el uso del título sigue en vigor mientras que continúan los procesos judiciales. En este contexto, lo extraño es que Biden no solamente no pudo parar las expulsiones, sino ha extendido el uso del Título 42, primero para venezolanos, y más recientemente para cubanos, haitianos y nicaragüenses, lo cual contradice su previo discurso. De acuerdo con los últimos acontecimientos, las expulsiones están previstas a terminar en mayo de 2023, aunque nada es garantizado.

2. Resultado de estas políticas a los migrantes

Las consecuencias del Título 42 para los migrantes son varias. Según Ortega, con la excepción del cambio en cuanto a niños no acompañados, las personas sin documentos son expulsados sin tener la posibilidad de solicitar asilo, algunos “a las pocas horas de haber pisado suelo estadounidense. A otros se les saca a media noche de los refugios del gobierno de Estados Unidos para subirlos a aviones”.32 Según los datos oficiales de la Patrulla Fronteriza estadounidense, desde marzo de 2020 hasta el final de enero de 2023, ésta había llevado a cabo 2.6 millones de expulsiones bajo este título.33 Cabe destacar que una expulsión bajo el Título 42 no es lo mismo que una deportación, el cual se lleva a cabo bajo el Título 8. Los que son expulsados no tienen la posibilidad de solicitar asilo, pero como no se hace ningún trámite y no toman datos, pueden, en teoría, intentar cruzar otra vez. Cuando alguien es deportado, existe, antes de la deportación, por lo menos en teoría, una oportunidad de solicitar asilo; sin embargo, si éste es negado, se le prohíbe a la persona entrar a Estados Unidos por cinco años, incluso para solicitar asilo.34

También, se ha reportado una multitud de violaciones hacia los migrantes al ser expulsados a México. Durante los procesos mismos, “migrantes han sido maltratados física y verbalmente por parte de oficiales fronterizos, detenidos en condiciones inhumanas, y separados de sus familias”.35 Otra vez en México, nuevas amenazas los esperan. Aunque secuestros de personas retornadas no es un fenómeno nuevo, se han reportado varios casos en que gente expulsada bajo Título 42 ha sido secuestrada al llegar a México.36 Las expulsiones inmediatas también afecta la manera en la cual la gen-
te escoge la ruta para entrar a Estados Unidos. Según Beckett et al., “la política motiva a migrantes a tomar recorridos peligrosos a través del desierto e intentar entrar a los Estados Unidos en lugares que no son puertos de entradas”.37 Por eso, varios derechos humanos son violados, entre otros, el derecho de solicitar asilo; el derecho de no ser devueltos a lugares donde corran peligro de persecución; el derecho de ser protegidas en contra de la tortura; las garantías básicas del derecho al debido proceso, y antes del cambio acerca de los niños, las garantías y protecciones jurídicas para niños migrantes no acompañados.38

3. Los argumentos de la administración estadounidense y los CDC

Los CDC, junto a la administración estadounidense, presentaron varias razones para las cuales el Título 42 era necesario. Según la orden original, se mencionó como razones, entre otras, que muchas de las personas sin documentos de viaje eran custodiados en áreas congregadas por varias horas o días mientras hacen sus trámites; que estas áreas no tenían el diseño, equipo y recursos para la cuarentena y el aislamiento, y que las estaciones de la Patrulla Fronteriza y puertos de entrada no tenían la capacidad para proveer el nivel de atención adecuado para poblaciones vulnerables con COVID-19.39 En comparación, personas viajando con documentos de viaje pasan por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) rápido, sin mucho contacto con otros viajeros, algo que no expondría al personal del CBP de la misma manera.40 Además, se mencionó en la orden que la transferencia de personas con síntomas de enfermedad hacia proveedores locales agotaría recursos locales de salud, además de exponerlos al peligro. Por tanto, sostuvo la orden de que la introducción de personas provenientes de Canadá o México “incrementaría el peligro ya existente para la salud pública hasta el punto de requerir una suspensión temporal de la introducción de tales personas a los Estados Unidos”.41 Más adelante, según el New York Times, oficiales dijeron que los agentes fronterizos están abrumados y que temían que sin la regla del Título 42 en vigencia, estarían enterrados en papeleo en vez de estar patrullando la frontera.42

4. Los argumentos de expertos, organizaciones de la sociedad civil, y académicos

Varios expertos en salud pública han expresado que no existía —y todavía no existe— ninguna evidencia de salud pública de que excluir a solicitantes de asilo u otros migrantes es eficaz para detener el esparcimiento del COVID-19.43 Según Armstrong, cuando se publicó el reglamento en marzo de 2020, ya había 4,225 casos de COVID-19 en el país y cuando lo extendieron los CDC en mayo, dos meses después, ya habían 1.69 millones de casos confirmados. Por tanto, aunque se planteaba combatir la introducción del virus al país, ya estaba bien establecido el virus dentro de Estados Unidos.44 Con la misma línea de argumentación, los CDC sostuvieron que la implementación se dirigiría a personas de lugares con alto riesgo de COVID-19, pero eso carecía de lógica, ya que la prohibición solamente tenía que ver con las fronteras terrestres, pues no había una prohibición total de los países de México y América Central y, en consecuencia, sus ciudadanos todavía podían entrar por vía área sin problema, siempre que tuvieran visas.45 Beckett et al. sostienen que “[n]o hay ninguna evidencia de que los que no son ciudadanos y quienes carecen de documentos son más probable de transmitir el coronavirus que los que son residentes, ciudadanos, o turistas”.46 Continúan haciendo énfasis en que “en el mismo periodo que se expulsaron 1 millón de solicitantes de asilo, casi 100 millones de otros viajeros se admitieron en fronteras terrestres estadounidenses”.47

Otros críticos de la ley han sostenido que no es un beneficio para la salud pública expulsar a migrantes para prevenir la difusión del COVID-19 en Estados Unidos, especialmente ahora que la situación de la pandemia ha cambiado.48 Varias cartas han sido mandadas a la administración por parte de epidemiológicos y expertos de salud pública y, según lo que relatan Beckett et al., la justificación de utilizar el Título 42 fue rechazada por parte de otros epidemiólogos y expertos de salud pública, hasta oficiales de cargos altos de los CDC.49 Por ejemplo, tanto el asesor médico para la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, como la doctora Anne Schuchat, quien previamente fue la directora interina de los CDC, habían notado que la transmisión del COVID-19 no era impulsado por migrantes, que expulsando a migrantes no llevaría a ninguna solución, y que la evidencia coleccionada por parte de los CDC no apoyaba a la política.50

Además, en cuanto a justificaciones relacionadas a una supuesta amenaza presentada por migrantes que tienen que estar en escenarios congregados, no es real, ya que hay programas que permiten a los migrantes irse a los albergues en las comunidades, incluso pueden quedarse con sus familiares o amigos mientras esperan sus trámites, lo cual, según Beckett et al., ha resultado ser buenas alternativas a la detención.51 En cuanto a la falta de recursos y herramientas de protección por parte de las estaciones de la Patrulla Fronteriza y el CBP, los mismos autores sostienen que puede ser que tal era el caso durante los primeros meses de la pandemia; sin embargo, la decisión de no proveer recursos adecuados años después de desatarse el virus refleja más bien una decisión política. La decisión de extender la política ha alarmado a grupos de derechos humanos, expertos de salud pública y defensores de solicitantes de asilo.52 La Unión Americana de Libertades Civiles ha demandado varias veces para bloquear el uso del Título 42 para expulsar a familias y menores de edad.53

A pesar de las justificaciones por parte de los actores estatales de que el objetivo del Título 42 es reducir el riesgo de COVID-19 al público estadounidense, hay evidencia de que las expulsiones mismas implican un riesgo incrementado del esparcimiento del virus. Como el uso de este título impulsa a la gente a escoger rutas más escondidas, eso puede incrementar el esparcimiento del virus ya que no hay inspección y, consecuentemente, no se pueden implementar precauciones al entrar a Estados Unidos, como la cuarentena.54 Además, las expulsiones mismas, requiriendo la congregación de gente en grupos durante la detención y transportación por las fronteras, crea un gran riesgo de transmisión de COVID-19, ya que muchas veces los que son expulsados son infectados, pero no hay procedimientos para detectarlo .55 Finalmente, cabe destacar que el hecho de ser expulsados y expuestos a secuestros y otros ataques, como anteriormente se ha mencionado, tiene afectaciones a la salud física y psicológica.56

IV. Uso de políticas de salud pública para control
migratorio en Estados Unidos

1. Contexto

Considerando el contexto de externalización de las fronteras estadounidenses, combinado con la retórica antiinmigrante del expresidente Trump, no es sorprendente cuando reporta el New York Times en 2020 que Stephen Miller, el asesor principal de Trump, repetidamente intentó “utilizar una ley oscura diseñada para proteger a la nación de enfermedades extranjeras” para endurecer las fronteras. Por ejemplo: al llegar las caravanas migrantes en 2018, cuando había un brote de paperas en estaciones de migración en seis estados estadounidenses en 2019, y cuando unas estaciones de la Patrulla Fronteriza fueron contagiadas por la gripe el mismo año. Al considerar que la situación de salud pública no era suficientemente grave en este tiempo para tener bases legales a tales medidas, secretarios de gabinete y abogados le disuadieron, pero todo eso cambió al llegar la pandemia.57 Entonces, lo que fue narrado de la Casa Blanca como una respuesta urgente del coronavirus, fue en gran parte readaptado de discusiones de políticas que ya habían tenido lugar desde que asumió su puesto Trump, y que ahora ya tenía nueva legitimidad.58

El caso del señor Miller está de acuerdo con lo que reporta el subcomité elegido sobre la crisis del coronavirus de la cámara, donde Martin Cetron, director de la división de migraciones globales y cuarentena de los CDC, contó a dicho subcomité que la idea de la orden no fue desarrollada por su equipo, sino que la propuesta se la pasaron. Explicó el señor Cetron que su equipo había llevado a cabo un análisis extensivo sobre el riesgo acerca de migrantes, y habían llegado a la conclusión de que el Título 42 no estaba justificado con base en razones de salud pública.59 Entonces, tiene sentido lo que sostiene Ortega cuando dice que “en el contexto contemporáneo de la pandemia por Covid-19, han surgido razones médicas que han actualizado los supuestos de deportación de cierta clase de extranjeros, por lo cual el actual régimen de frontera promueve también leyes y políticas racializadas de enfermedad y contagio”.60

Aunque es la primera vez que se usa el Título 42 en el contexto de migración, ya que, según Armstrong, este no se usó durante brotes como la epidemia de SARS en 2003, ni en el de Ébola en 2014-2016, no es la primera vez que se utilizan preocupaciones por la salud pública para justificar políticas xenofóbicas en Estados Unidos. De hecho, tales preocupaciones son, según Armstrong, “profundamente arraigada[s] en la historia de la nación”.61 Según ella, personas con actitudes antiinmigrantes de Estados Unidos han argumentado por siglos que los migrantes plantean un riesgo para la salud, algo que es mayormente sin fundamento en la ciencia de la salud, pero que se usó para excluir a migrantes no deseados, “inclusive dirigiéndose a migrantes de ciertas razas”.62 Aun así, según el National Immigrant Justice Center, “el uso repetido de este estatuto de salud pública (Titulo 42) como una herramienta de hacer cumplir leyes de migración es sin precedentes en la historia de los EE. UU.”,63 ya que antes se había utilizado para mandar a cuarentena o para prohibir la entrada, pero no de manera estrictamente para los que habían ingresado entre puertos de entrada por la frontera entre México y Estados Unidos.64 Por eso, Armstrong sostiene que la retórica y las acciones de la administración de Trump refleja esta historia de utilizar cuestiones de salud para excluir a migrantes indeseados.65

Interesantemente, según Rosen, en el Public Health Service Act no está mencionado en ningún lado que el Cirujano General o los CDC les permite invalidar leyes de migración o implementar expulsiones.66 Las políticas previas contra la migración de la administración de Trump hacen que, según Armstrong, “es difícil aceptar que la intención de la orden del CDC era proteger la salud de la nación”.67

2. El uso del Título 42 para control migratorio

Con Trump logrando su meta de cerrar la frontera a los migrantes solicitando protección, y aunque Biden había prometido desmantelar las políticas antiinmigrantes de su predecesor, parece que dentro de la administración de este último también hay una lógica de usar el Título 42 para parar a los migrantes.68 También puede ser que su posición hacia la migración es un punto débil, algo que impulsa a su administración a ser reticente en cuanto a relajar las políticas. Según relata CBS News, en el verano de 2021, “oficiales de la administración de Biden propusieron vacunar a migrantes contra el coronavirus con la meta de empezar a poner fin a las expulsiones bajo el Título 42”.69 Sin embargo, “el plan fue abandonado después de que [varios oficiales] advirtieron que podría desencadenar más llegadas de migrantes por las fronteras estadounidenses”.70 Más recientemente, durante la preparación del desmantelamiento del Título 42 en abril 2022, “los funcionarios dentro y fuera de la Casa Blanca estaban en conflicto sobre el fin de la medida, creyendo que sí se mantendría baja la cantidad de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, según altos funcionarios de la administración.”71 Tal información sugiere que hay otra lógica tras la extensión del Título ٤٢ que no está relacionada con cuestiones de salud pública, incluso dentro de la administración actual.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sigue refiriendo al Título 42 como una autoridad asociada con salud pública y no de migración, y que, según su declaración en agosto de 2021, “[m]ientras continuamos a deferirnos a expertos de salud en decisiones acerca del Título 42, la administración Biden-Harris continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justa, ordenada, y humana”.72

En general, es claro que Estados Unidos, tanto la administración de Trump como la de Biden, sigue invocando a la pandemia como pretexto de bloquear la entrada de migrantes no deseados por vía del Título 42. En las palabras de Ortega, la orden hace “una interpretación mañosa y sin precedentes de la sección 362 de Ley de 1944”.73 Como solamente excluye a los que vienen sin documentos, es una prohibición total para la entrada de solicitantes de asilo en Estados Unidos, ya que los que solicitan protección por la frontera necesariamente llegan sin documentos de viaje, ya que no hay una “visa de asilo”.74 Eso es porque, como ya se ha explicado acerca de las políticas de externalización de fronteras que imposibilitan la llegada a Estados Unidos por vía aérea, es casi imposible llegar a solicitar asilo sin presentarse por un puerto de entrada terrestre, opción que ahora se encuentra bloqueada bajo el Título 42, dejando a los solicitantes de asilo sin opciones.75 Como la orden “está cuidadosamente elaborada para ser aplicada solamente a los extranjeros sin documentos válidos de viaje que ingresan al país por tierra… solo es para cierta clase personas consideradas como un peligro para la salud pública… y es totalmente inaplicable a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes,” tiene como objetivo, según sostiene Ortega, la deportación de “migrantes irregulares, solicitantes de asilo y niños migrantes no acompañados”.76

3. Un régimen racializado

Ya queda claro que la implementación del Título 42 en el contexto de la migración está dirigiéndose a cierta clase de personas de manera racial, además de por su nivel socioeconómico. Eso no se hace exclusivamente en el contexto de salud, el sistema de asilo y de migración desde su inicio tiene base en jerarquías de clase y raza, tanto en Estados Unidos como en México y hasta en el mismo derecho internacional de los refugiados,77 a quienes la ejecución del Título 42, hasta los últimos dos cambios, ha impactado primeramente a los procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto es resultado del acuerdo entre México y Estados Unidos, ya que permite a este segundo expulsar a estos migrantes a México en vez de hacerlo a su país de origen. Estos países también representan alrededor de 85 por ciento de todos los cruces no autorizados.78 Según Rosen, aunque haitianos también son sujetos a Título 42, hay más probabilidad que se transportan directamente a su país,79 pero esto cambió en enero de 2023, ahora México ha aceptado acoger a los haitianos expulsados.

Un ejemplo reciente del tratamiento diferenciado es el caso de los ucranianos en 2022, quienes después de llegar en masa a las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, se abrió una alternativa para que ellos pudieran volar directamente desde Europa hacía territorio estadounidense (o alternativamente a la Ciudad de México), sin necesidad de esperar de manera prolongada por las fronteras terrestres. El gobierno de Estados Unidos argumentó que era a causa de la situación urgente de los ucranianos, puesto que había estallado una guerra, algo que tiene sentido. Sin embargo, esto no justifica la espera durante años en ciudades fronterizas por parte de haitianos, centroamericanos y ciudadanos de otras nacionalidades porque, aunque no hay una guerra con la misma intensidad que en Ucrania, sí hay una crisis humanitaria tanto en sus países de origen como en cuanto a su situación migratoria en tránsito.80

De acuerdo con lo que sostiene Ortega, “todas las personas no ciudadanas, con independencia de su estatus jurídico dentro del sistema migratorio del Estado donde se encuentren, son susceptibles de deportación. Sin embargo, no todas son deportadas ni están sujetas al mismo riesgo de deportación: este aumenta en la medida en que dejan de ser o no son útiles para un Estado”.81 Continúa diciendo que, “[e]n consecuencia, se ha consolidado un régimen de deportación que se caracteriza por producir sujetos desechables y deportables —según criterios de raza y clase—”.82 Cuando consideramos que el Título 42 ha estado en vigencia durante periodos en que viajeros como estudiantes y camioneros entraban al país sin ni siquiera tomar un examen del virus,83 se nota que la pandemia “ha sido el pretexto perfecto para acabar de desmantelar y cerrar el sistema de asilo estadounidense”.84

V. Extensión del Título 42 para más nacionalidades,
acontecimientos y argumentos

1. Reseña

A pesar de criticar las políticas migratorias de Trump, Biden ha invocado el Título 42 para expulsar a más nacionalidades durante los últimos meses: venezolanos en octubre de 2022; cubanos, haitianos, y nicaragüenses en enero de 2023. Estados Unidos no había podido expulsar fácilmente a los venezolanos a causa de las relaciones complicadas entre estos dos países. Eso significa que Venezuela no aceptaba devoluciones y, por tanto, tenían la opción de quedarse en Norteamérica mientras solicitaban asilo. Tampoco podía expulsarlos a México, ya que este país a su vez tenía sus propios problemas para devolverlos a Venezuela,85 algunos venezolanos sí han sido expulsados anteriormente bajo el Título 42, pero en cantidades muy bajas.86

Ahora, la expulsión de personas de estos nuevos países se ha llevado a cabo a través de un acuerdo negociado con México para enviarlos ahí, a cambio de la posibilidad de aumentar la movilidad laboral en la región con visas de trabajo en Estados Unidos, y comprometiéndose a crear un nuevo proceso para la entrada de ciudadanos de estos países, pero bajo ciertas condiciones, como la llegada por vía aérea y el requisito de tener un patrocinador en territorio estadounidense. Cuando se firmó este acuerdo sobre los venezolanos en octubre de 2022, Estados Unidos se comprometió a crear “un nuevo proceso para traer de manera legal y segura a su territorio hasta 24,000 venezolanos cualificados”87 bajo el llamado “parol humanitario”, donde pueden quedarse en el país dos años con el derecho de trabajar.

Según el comunicado, este programa basado en el Uniting for Ukraine (Unidos para Ucrania - U4U), aunque hay varios críticos que dicen que aunque hayan algunos elementos parecidos, la política para los venezolanos es mucho más limitada.88 Para ser elegibles, los venezolanos deben “tener un patrocinador en Estados Unidos que les proporcione apoyo económico y de otros tipos; aprobar rigurosas verificaciones e investigaciones biométricas y biográficas de seguridad nacional y seguridad pública, y completar los requisitos de vacunación y otros de salud pública.”89 Sin embargo, “Estados Unidos no implementará este proceso sin que México mantenga su esfuerzo independiente, pero paralelo, para aceptar el retorno de los ciudadanos venezolanos que eluden este proceso e intentan ingresar irregularmente.”90 Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, “Estas acciones establecen claramente que hay una forma legal y ordenada para que los venezolanos ingresen a Estados Unidos y la única manera para hacerlo es de manera legal”.91 Con los cambios de enero de 2023, el parol humanitario se extendió a las tres otras nacionalidades, lo que significa que Estados Unidos aceptará hasta 30,000 individuos por mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que no hayan entrado a México, Panamá o Estados Unidos de manera irregular; a cambio, México aceptará el retorno de 30,000 individuos por mes de estos cuatro países que no usan los nuevos programas.92

Las nuevas medidas parecen ser parte de un esfuerzo de Estados Unidos por preparar el futuro levantamiento del Título 42. Sin embargo, la administración también prepara otras medidas para frenar la entrada a su país, por ejemplo, la negativa del asilo para los que hayan pasado por otro país y no hayan pedido asilo ahí, en su camino hacia Estados Unidos.93

Las autoridades mexicanas aplaudieron las nuevas medidas de octubre de 2022, especialmente la que dice que Estados Unidos ha prometido a México la posibilidad de aumentar la movilidad laboral en la región “con 65 mil nuevas visas de trabajo y el acceso de 24 mil personas con vías para incorporarse al mercado laboral estadounidense” a cambio de qué México acepte la expulsión de los venezolanos. No todas las visas son para mexicanos, algunas son destinados para personas de Centroamérica y Haití.94 El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó que, aunque no fue un elemento de negociación con Estados Unidos, México ha decidido apoyar la política, diciendo que “lo vemos positivo y creemos que vale la pena apoyarlo”. Además, Ebrard dijo que beneficiará “también a trabajadores mexicanos y centroamericanos”, ya que Estados Unidos ha accedido a crecer el número de visas de trabajo para estos países, algo que México ha venido planteando hace tiempo.95 No queda claro si hay otros beneficios para México en relación con los cambios de enero de 2023.

2. Críticas por parte de la sociedad civil

La nueva política ha generado varias críticas por parte de defensores de derechos humanos y políticos, entre otros actores, tanto en México como en Estados Unidos. Ellos reconocen la decisión de dejar entrar a 24,000 venezolanos, pero que no debería estar condicionado a la eliminación del derecho de solicitar asilo.96 Otras críticas mencionan que, de todas maneras, los migrantes seguirán intentando llegar a Estados Unidos porque ya no pueden regresar a su país, además de que el Título 42 ha sido readaptado como un programa de disuasión, acompañando a “las políticas en constante expansión que prohíben el acceso al asilo”.97 Como sostiene la Oficina en Washing-
ton para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el resultado de tales programas podría llevar, a largo plazo, a un sistema donde los más pudientes entran a Estados Unidos y los más pobres y sin conexiones tienen que esperar en México.98 De esta manera, Estados Unidos ha fortalecido el ya existente sistema donde selecciona migrantes de acuerdo con sus gustos, mientras excluyen a otros.

Lo interesante es que esta vez no dijo el DHS nada sobre la salud, aunque el Título 42 está bajo el Public Health Service Act, algo que también reconoce el Migration Policy Institute (MPI), donde dice en su artículo que es la primera vez que se invoca Título 42 por razones no relacionadas con la salud pública, lo que presenta un giro total en el uso del reglamento.99 Como reiteran expertos de salud pública en su carta dirigida a presidente Biden en noviembre de 2022, “[n]o
existe evidencias que sugiere que venezolanos llegando [al país] representen una amenaza extraordinaria a la salud pública que es más alta que la de otros individuos o grupos”.100 Pero si la idea era bajar cruces irregulares parece que funcionó, ya que números recolectados por el MPI sugieren que la semana después de anunciar la política hacia los venezolanos, el número diario de encuentros bajó 86 por ciento.101 Sin embargo, sugiere WOLA que estos cambios de tazas no necesariamente continuarán a largo plazo. Las tasas de las otras nacionalidades a partir de enero muestran tendencias similares, ya que las llegadas a la frontera sur de Estados Unidos son las segundas más bajas desde que Biden asumió el poder. Además, se ha notado un incremento de cubanos llegando directamente a Florida, así que parece que muchos simplemente han cambiado la ruta.102

No queda claro por qué la administración de Biden ha optado por una ley relacionada con salud para gestionar la llegada irregular de los migrantes en un tiempo en que la pandemia se está desvaneciendo; sin embargo, una sugerencia podría ser que, en el caso de los venezolanos, el público estadounidense estaba entrando a las elecciones de mitad de mandato que tuvieron lugar el 8 de noviembre, algo que sugiere que se utiliza a los migrantes como peones en un juego político.103

Como lo hace notar un estratega republicano en una entrevista con The New York Times, podría ser un intento por parte de la administración para mostrar que está haciendo algo.104 Aunque no es una prueba de la misma razón, cabe destacar que después de las elecciones intermedias durante la presidencia de Trump en 2018, donde había ganado el control los demócratas, Varela y McLean señalaban el cambio del lenguaje por parte del DHS en cuanto a la situación de la frontera sur estadounidense, aunque no era siempre consistente. Donde antes había un discurso de criminalidad, después de las elecciones se hablaba de vulnerabilidad y una crisis humanitaria.

Sostienen Varela y McLean que este cambio se dio a causa de que la administración de Trump necesitaba apoyo financiero del Congreso, el cual estaba controlado por los demócratas.105 Por tanto, parece que el tema de la migración es un punto débil para Biden, especialmente al acercarse las elecciones de mitad de mandato. Combinado con las varias demandas en el sistema legal con el objetivo de mantener al Título 42 en vigencia, eso parece haberle empujado a la administración a ser reticente en cuanto a cambiar la gestión migratoria. Como los republicanos han retomado el control del Congreso en las elecciones, eso puede explicar, por lo menos en parte, por qué Biden extendió el uso del Título 42 otra vez en enero de 2023, ya que ahora tiene que entrar en más compromisos para llevar a cabo sus políticas.106 De hecho, en su comunicado de prensa del 5 de enero de 2023, DHS explicó que los últimos cambios debían a que el Congreso estadounidense había fallado en aprobar la reforma migratoria propuesta por Biden en su primer día en el poder.107 Ahora que perdió el control sobre el Congreso, se ha visto obligado a llegar a un acuerdo. En fin, los que pierden son los migrantes que están en gran peligro y en condiciones difíciles.

VI. Conclusiones

La orden emitida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en marzo de 2020 sigue vigente, y se ha expandido para incluir a más nacionalidades. Como el uso del Título 42 para excluir a solicitantes de asilo durante los últimos tres años no tiene base en la salud pública, realmente se ha usado esta ley con un fin migratorio. Eso es porque, como sostienen varios expertos de la salud pública y organizaciones de la sociedad civil, existen varias otras opciones para asegurar que el COVID-19 no se esparza. Entre otras alternativas, existen programas que permiten a los migrantes irse a los albergues en las comunidades o incluso pueden quedarse con sus familiares o amigos mientras esperan sus trámites. Además, como ha expresado incluso la misma administración de Biden, en comparación con el inicio de la pandemia, ya se entiende mejor el virus y la disponibilidad de vacunas, tratamientos y el uso del cubrebocas ha incrementado de manera extendida.

El uso del Título 42 para control migratorio hay que entenderlo dentro del contexto de décadas de externalización de las fronteras estadounidenses, donde México ha colaborado con Estados Unidos para contener a la migración irregular, eso es, para excluir a personas indeseadas (de cierto perfil racial y socioeconómico). Aunque no se sabe claramente cuáles han sido las razones por las cuales la administración de Biden ha optado por el Título 42 para gestionar la llegada irregular de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (además de guatemaltecos, hondureños, mexicanos y salvadoreños desde el inicio de la pandemia), queda evidente que el tema de la frontera y la migración irregular hacia Estados Unidos es un punto débil para Biden. Por tanto, puede ser que haya decidido extender el uso del Título 42 para venezolanos, esta vez sin ni siquiera mencionar razones de salud pública, para mostrar a los votantes (especialmente los que tienen preocupaciones en cuanto a los solicitantes de asilo) que está haciendo algo acerca del tema. Entonces, los migrantes se vuelven peones en un juego político, lo que los expone aún más al peligro y condiciones difíciles.

Están los que dicen que la pandemia ha cambiado las reglas del juego acerca de la migración,108 pero yo diría que, de acuerdo con Pécoud, la pandemia simplemente ha agravado tendencias existentes.109 Por ende, medidas como el Título 42 simplemente es una herramienta más para excluir a migrantes indeseados. Ahora que la medida está programada para terminar en mayo de este año, Biden está desarollando planes para restringir el acceso al asilo en otras maneras. Aunque el uso del Título 42 viola las obligaciones domesticas e internacionales de Estados Unidos, este interminable juego del gato y el ratón,110 donde Estados poderosos siguen buscando nuevas técnicas sofisticadas para escapar de sus obligaciones internacionales, distrae de otros tipos de trabajo que hacen organizaciones de sociedad civil para cambiar más profundamente el sistema actual. Más importante, considerando la promesa del derecho internacional de los refugiados de proteger a éstos, el hecho de que no existe ningún enlace entre este poder emancipatorio con otros marcos jurídicos internacionales que autorizan hechos que llevan al desplazamiento,111 y recurrir al derecho internacional de los refugiados para abordar este tema, solamente funciona a mediano plazo. Esta falta de conexión es a propósito.

VII. Bibliografía

Achiume, E. Tendayi, “Race, Refugees and International Law”, en Costello, Cathryn; Foster, Michelle y McAdam, Jane (coords.), The Oxford Handbook of International Refugee Law, Oxford, Oxford University Press, 2021.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “UNHCR, IOM and UNICEF Welcome New Pathways for Regular Entry to the US, Reiterate Concern over Restrictions on Access to Asylum”, 14 de octubre de 2022, disponible en: https://www.unhcr.org/news/press/2022/10/63497be44/unhcr-iom-and-unicef-welcome-new-pathways-for-regular-entry-to-the-us-reiterate.html.

American Immigration Council, “A Guide to Title 42 Expulsions at the Border”, 29 de marzo de 2021, disponible en: https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-title-42-expulsions-border.

American Immigration Council, “Biden Administration Pairs Humanitarian Aid and H-2B Visa Expansion with Trump-Style Border Enforcement in Venezuelan Response Plan”, comunicado de prensa del 24 de octubre de 2022, disponible en: https://www.americanimmigrationcouncil.org/news/biden-administration-pairs-humanitarian-aid-and-h-2b-visa-expansion-trump-style-border.

Armstrong, Ashley Binetti, “Coopting Coronavirus, Assailing Asylum”, Georgetown Immigration Law Journal, vol. 35, núm. 2, 2021.

Beckett, Anne G. et al., “Misusing Public Health as a Pretext to End Asylum – Title 42”, New England Journal of Medicine, vol. 386, núm. 16, 21 de abril de 2022.

“Biden Administration Continues Efforts to Change Immigration Policy Amidst Surges of Migrants and Court Losses,” American Journal of International Law, vol. 116, núm. 1, enero de 2022.

Chimni, B. S., “Globalization, Humanitarianism and the Erosion of Refugee Protection,” Journal of Refugee Studies, vol. 13, núm. 3, 2000.

Chishti, Muzaffar y Bush-Joseph, Kathleen, “Amid Record Venezuelan Arrivals, Biden Administration Embraces Border Expulsions Policy”, The Online Journal of the Migration Policy Institute, 27 de octubre de 2022, disponible en: https://www.migrationpolicy.org/article/venezuelan-expulsions-policy-biden.

Coffee, Megan et al., “January 2022 Letter on Vaccination at the Southern Border”, Columbia Mailman School of Public Health, 28 de enero de 2022, disponible en: https://www.publichealth.columbia.edu/research/program-forced-migration-and-health/january-2022-letter-vaccination-southern-border.

Columbia Mailman School of Public Health, “Epidemiologists and Public Health Experts Reiterate Urgent Call to End Title 42”, 14 de enero de 2022, disponible en: https://www.publichealth.columbia.edu/research/program-forced-migration-and-health/epidemiologists-and-public-health-experts-reiterate-urgent-call-end-title-42.

Dauvergne, Catherine, Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

De Haas, Hein; Natter, Katharina y Vezzoli, Simona, “Growing Restrictiveness or Changing Selection? The Nature and Evolution of Migration Policies,” International Migration Review, vol. 52, núm. 2, 2018.

Dickerson, Caitlin y Shear, Michael D., “Before Covid-19, Trump Aide Sought to Use Disease to Close Borders”, The New York Times, 3 de mayo de 2020, disponible en: https://www.nytimes.com/2020/05/03/us/coronavirus-immigration-stephen-miller-public-health.html.

Erfani, Azadeh, “The Venezuela Parole Program Excludes More than Protects: An Update on Biden’s Title 42 Asylum Ban”, National Immigrant Justice Center (blog), 25 de octubre de 2022, disponible en: https://immigrantjustice.org/staff/blog/venezuela-parole-program-excludes-more-protects-update-bidens-title-42-asylum-ban.

Estévez, Ariadna, “El proceso necropolítico de la migración forzada. Una conceptualización de la producción y administración del refugio en el siglo XXI”, Estudios Políticos, núm. ٦٣, ٢٠٢٢.

Frelick, Bill et al., “The Impact of Externalization of Migration Controls on the Rights of Asylum Seekers and Other Migrants”, Journal on Migration & Human Security, núm. 4, 2016.

Gammeltoft-Hansen, Thomas, “International Refugee Law and Refugee Policy: The Case of Deterrence Policies,” Journal of Refugee Studies, vol. 27, núm. 4, 2014.

Goodwin-Gill, Guy S. y McAdam, Jane, The Refugee in International Law, 3a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2007.

Hathaway, James C., The Rights of Refugees Under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Human Rights First, “NGO Letter Responding to Expansion of Title 42 Expulsions for Venezuelans,” 14 de octubre de 2022, disponible en: https://humanrightsfirst.org/library/ngo-letter-responding-to-expansion-of-title-42-expulsions-for-venezuelans/.

Human Rights First, “With Re-Termination of «Remain in México», Human Rights First Urges Permanent End to Inhumane Border Policies,” 29 de octubre de 2021, disponible en: https://humanrightsfirst.org/library/with-re-termination-of-remain-in-mexico-human-rights-first-urges-permanent-end-to-inhumane-border-policies-2/.

Instituto para las Mujeres en la Migración A. C., “Carta pública”, 17 de octubre 2022, disponible en: https://imumi.org/2022/10/17/carta-publica-2/.

Isacson, Adam, “Weekly U.S.-Mexico Border Update: Post-Title 42 Asylum Blocks, House Hearing, Migrant Deaths”, WOLA, 10 de febrero de 2023, disponible en: https://www.wola.org/2023/02/weekly-u-s-mexico-border-update-post-title-42-asylum-blocks-house-hearing-migrant-deaths/.

Isacson, Adam, “Weekly U.S.-Mexico Border Update: Reduced February Migration, 2024 Budget, Ciudad Juárez Incident”, WOLA, 17 de marzo de 2023, disponible en: https://www.wola.org/2023/03/weekly-u-s-mexico-border-update-reduced-february-migration-2024-budget-ciudad-juarez-incident/.

Isacson, Adam, “Weekly U.S.-Mexico Border Update: Supreme Court Prolongs Title 42 and Biden Expands It, Arizona «Container Wall» Goes Down”, WOLA, 6 de enero de 2023, disponible en: https://www.wola.org/2023/01/weekly-u-s-mexico-border-update-supreme-court-prolongs-title-42-and-biden-expands-it-arizona-container-wall-goes-down/.

Knowles, Hannah; Sotomayor, Marianna e Itkowitz, Colby, “Republicans Narrowly Win House, Ending Full Democratic Control of Congress”, The Washington Post, 17 de noviembre de 2022, disponible en: https://www.washingtonpost.com/politics/2022/11/16/republicans-win-house-majority/.

Leutert, Stephanie, Migrant Kidnapping in Nuevo Laredo During MPP and Title 42, Estados Unidos, The University of Texas at Austin Strauss Center for International Security and Law-Vecina, 2021.

Long, Colleen y Miller, Zeke, “Biden recurre a una norma de la era Trump para expulsar a los migrantes venezolanos,” Telemundo, 16 de octubre 2022, disponible en: https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/eeuu/biden-titulo-42-trump-migrantes-venezolanos/2156902/.

Mendoza, Alexandra, “Algunos ucranianos se quedaron varados en Tijuana tras implementación de nuevo programa,” The San Diego Union-Tribune (versión en español), 25 de abril de 2022, disponible en: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/primera-plana/articulo/2022-04-25/nuevo-programa-para-refugiados-ucranianos-toma-por-sorpresa-a-algunos-en-tijuana.

“Menendez Statement on Biden Administration’s Parole Program and Title 42 Expansion for Venezuelans”, blog del senador Bob Menendez, 13 de octubre de 2022, disponible en: https://www.menendez.senate.gov/newsroom/press/menendez-statement-on-biden-administrations-parole-program-and-title-42-expansion-for-venezuelans.

Montoya-Galvez, Camilo, “After Review, U.S. Maintains Border Policy of Expelling Migrants, Citing Omicron”, CBS News, 4 de febrero de 2022, disponible en: https://www.cbsnews.com/news/immigration-united-states-border-migrants-covid-19-omicron/.

Newland, Kathleen, “Will International Migration Governance Survive the COVID-19 Pandemic?”, Migration Policy Institute, octubre de 2020, disponible en: https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/globalcompact-migration-governance-pandemic-final.pdf.

“Notice of Order Under Sections 362 and 365 of the Public Health Service Act Suspending Introduction of Certain Persons from Countries Where a Communicable Disease Exists”, Federal Register, vol. 85, núm. 59, 26 de marzo de 2020.

Ortega Velázquez, Elisa, “Vidas desechables: deportación de migrantes irregulares, solicitantes de asilo y niños no acompañados de Estados Unidos por Covid-19,” Nexos, 2 de septiembre de 2020, disponible en: https://migracion.nexos.com.mx/2020/09/vidas-desechables-deportacion-de-migrantes-irregulares-solicitantes-de-asilo-y-ninos-no-acompanados-de-estados-unidos-por-covid-19/.

Ortega Velázquez, Elisa, El asilo como derecho en disputa en México: la raza y la clase como dispositivos de exclusión, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2022.

Paredes, Norberto, “Qué cambia para los venezolanos que quieren llegar a EE. UU. con el acuerdo de Biden y México y la nueva vía legal para entrar al país”, BBC News Mundo, 13 de octubre de 2022, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63230294.

Pécoud, Antoine, “What Will Migration Look Like After the Pandemic?”, OpenDemocracy, 16 de febrero de 2021, disponible en: https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/what-will-migration-look-after-pandemic/.

Riera Bosqued, Lucia, “Los migrantes latinos denuncian el trato preferente a los ucranianos en la frontera de EE.UU.”, Euronews, 12 de abril de 2022, disponible en: https://es.euronews.com/2022/04/12/los-migrantes-latinos-denuncian-el-trato-preferente-a-los-ucranianos-en-la-frontera-de-ee-.

Rosen, Sarah, “«Trump Got His Wall, It Is Called Title 42»; the Evolution and Illegality of Title 42’s Implementation and Its Impact on Immigrants Seeking Entry into the United States”, Northeastern University Law Review, vol. 14, 2022.

Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional de Migración, “Diálogo de alto nivel de seguridad entre México y EUA”, tarjeta migratoria del 15 de octubre de 2022, disponible en: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/wp-content/uploads/2022/10/Tarjeta-Migratoria-151022.pdf.

Secretaria de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores, “México coordina con EE. UU. nuevo enfoque para una migración ordenada, segura, regular y humana en la región”, comunicado del 12 de octubre de 2022, disponible en: http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-coordina-con-ee-uu-nuevo-enfoque-para-una-migracion-ordenada-segura-regular-y-humana-en-la-region?idiom=es.

Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis, “«It Was Compromised»: The Trump Administration’s Unprecedented Campaign to Control CDC and Politicize Public Health During the Coronavirus Crisis”, Staff Report, octubre de 2022.

Sullivan, Eileen y Kanno-Youngs, Zolan, “Biden Administration to Offer Thousands of Venezuelan Migrants Legal Path in to U.S.”, The New York Times, 13 de octubre de 2022, disponible en: https://www.nytimes.com/2022/10/12/us/politics/biden-venezuela-migrants-humanitarian-parole.html.

Sullivan, Eileen, “U.S. Can’t Use Health Rule to Expel Migrant Families Facing Persecution, Court Says”, The New York Times, 4 de marzo de 2022, disponible en: https://www.nytimes.com/2022/03/04/us/politics/title-42-migrant-families-ruling.html.

“The U.S. Lifts the Pandemic Travel Ban and Opens the Doors to International Visitors”, The Associated Press, 8 de noviembre de 2021, disponible en: https://www.npr.org/2021/11/08/1053434232/the-u-s-lifts-the-pandemic-travel-ban-and-opens-the-doors-to-international-visit.

The White House, “Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces New Border Enforcement Actions”, comunicado del 5 de enero de 2023, disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/05/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-border-enforcement-actions/.

The White House, “Remarks by President Biden on Border Security and Enforcement”, comunicado del 5 de enero de 2023, disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/01/05/remarks-by-president-biden-on-border-security-and-enforcement/.

Thomas, Chantal “Transnational Migration, Globalization, and Governance: Theorizing a Crisis”, en Orford, Anne y Hoffmann, Florian, The Oxford Handbook of the Theory of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2016.

Varela Huerta, Amarela y McLean, Lisa, “From Vulnerable Victims to Insurgent Caravaneros: The Genesis and Consolidation of a New Form of Migrant Self-Defence in America,” en Grappi, Giorgio (coord.), Migration and the Contested Politics of Justice: Europe and the Global Dimension, Nueva York, Routledge, 2021.

* Doctoranda en el Departamento de Derecho y Estudios Jurídicos (Law and Legal Studies) en Carleton University, Canadá. Correo: veronicaoeverlid@cmail.carleton.ca. Agradezco a Nicole Vieytes y Natalí Escandon por ayudarme con la búsqueda de fuentes para este capítulo, así como a Andrea Schulze por revisar el lenguaje del primer borrador.

1 American Immigration Council, “A Guide to Title 42 Expulsions at the Border”, 29 de marzo de 2021, disponible en: https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-title-42-expulsions-border.